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jueves, 27 de enero de 2011

ANÁLISIS DEL PRONUCIAMIENTO EMITIDO EL 7 DE AGOSTO/2008, POR LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Dirección General de Investigación y Desarrollo Legislativo
Dirección de Análisis Político
Dirección de Investigación y Asesoría Jurídica

ANÁLISIS DEL PRONUCIAMIENTO EMITIDO EL 7 DE AGOSTO/2008, POR LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
Toda vez que el objeto central de estudio de este cuerpo de investigadores está relacionado con la actividad legislativa, consideramos pertinente emitir opinión y fijar posición al respecto del pronunciamiento hecho por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el pasado jueves 7 de agosto, en cuanto a:


Este pronunciamiento lo rechazamos en todas y cada una de sus partes por lo infundado de sus comentarios y porque en consecuencia carece de rigurosidad jurídica y académica, aun cundo es emitido por la academia, en razón de ello exponemos los siguientes argumentos:
1. LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DELEGACIÓN
: afirmar que es inconstitucional la delegación otorgada al Presidente de la República, es colocarse de espalda al contenido del último aparte del artículo 203 y el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; pero además asegurar que las materias desarrolladas en la delegación, son las que corresponden a la Reforma Constitucional y a la reserva legal, es mentir descaradamente; basta con conocer tanto de forma como de fondo la habilitación publicada en Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, el 1º de febrero de 2007, en la Gaceta Oficial Nro. 38.617.
Al respecto del contenido del referido pronunciamiento opinamos



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"…la inconstitucionalidad que representa la delegación otorgada al Presidente de la República sobre materias que corresponden a la reforma constitucional y a la reserva legalesta delegación desconoce la voluntad popularirrestricta y sin controles, con abandono de las funciones de la Asamblea Nacional, significa la deslegitimación de la institucionalidad democrática, debido a la existencia de un poder constituyente de hecho y de un poder ejecutivo legiferente al margen de la Constitución… el artículo 203 de la Carta Magna prevé que el deber de la Sala Constitucional es pronunciarse acerca de la constitucionalidad del carácter orgánico de las leyes … dicha Sala no puede limitarse al mecanismo formal de control, …se trata de un verdadero control previo de la constitucionalidad del contenido material de las leyes …considera la Academia que muchos de los veinte y seis decretos con fuerza de ley, …, presentan un contenido restricitivo a los derechos fundamentales, consagran principios y fines de un solo pensamiento ideológico y modifican normas constitucionales …altera severamente el Estado de Derecho y sus elementos esenciales, el equilibrio entre poderes, la imparcialidad de los funcionarios públicos al adoptar un pensamiento ideológico … La consulta a la sociedad civil constituye un derecho fundamental de participación y su cumplimiento es obligatorio para todos los órganos del Poder Público."(subrayado nuestro) .


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República Bolivariana de Venezuela
Asamblea Nacional

Un acercamiento al tratamiento legal de la violencia intrafamiliar en Cuba.

 
Lic. Patricia Gazmuri Núñez (*)

Introducción

El tratamiento legal de la violencia intrafamiliar (denominada como VIF en lo adelante), dada su dimensión social e implicaciones socioeconómicas, constituye en nuestro criterio uno de los elementos fundamentales de intervención de las políticas públicas sobre el tema, por ser el ordenamiento jurídico uno de los instrumentos esenciales de la política social. Si añadimos el hecho de que el desarrollo y alcance de las disposiciones legales, expresan a su vez el nivel de prioridad o jerarquización dado al problema en una  sociedad determinada; el análisis de esta arista del tema, poco explorada en la realidad cubana, reviste vital importancia, no sólo para la implementación de acciones de prevención; sino además para desarrollar acciones integradas e interrelacionadas con otras esferas sociales, como parte de la implementación de dichas políticas.

El presente artículo, a partir de los resultados obtenidos en el tema de investigación “Violencia Intrafamiliar en Cuba. Aproximaciones a su caracterización y recomendaciones a la política social”, culminado en el año 2006 por el Grupo de Estudios sobre Familia del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas; esboza sucintamente, el tratamiento o la respuesta dada por nuestra legislación a este tema tan sensible para la familia cubana; el alcance y limitaciones, que a nuestro entender, presenta aún nuestra legislación y sistema jurídico (entendiendo como tal no solo las leyes, sino también las instituciones que lo integran y los actores que lo operan) ; así como nuestros puntos de vista sobre su tratamiento; con el ánimo no sólo de dar a conocer, sino además de contribuir al perfeccionamiento de nuestra política social, que dado sus rasgos esenciales de justicia y equidad, presta especial atención al desarrollo y evolución de su célula fundamental, la familia.

  



Alcance de las normativas jurídicas para el tratamiento de la violencia intrafamiliar en Cuba
Las normativas y disposiciones legales vigentes, para el tratamiento legal de la VIF, se sustentan en la voluntad política del Estado para eliminar todas las formas de discriminación y opresión por razones de clase, género y raza; y aunque responden a una política de protección y garantías, no permiten la solución directa de este fenómeno.
Las diferentes normas jurídicas vigentes en Cuba hacen patente el principio constitucional de que el Estado reconoce a la familia como la célula fundamental de la sociedad; y en concordancia con nuestro proyecto de justicia social, de lucha tenaz para eliminar todas las formas de discriminación y opresión por razones de clase, género y raza, existe un cuerpo legal - que aunque no integrado como sistema que tributa hacia las familias- mediante el cual estos principios cobran fuerza legal. Como marco general, la Constitución de la República (1976) refrenda en su articulado el principio de la protección del Estado a la familia, donde se preceptúa  que “El Estado protege la familia, la maternidad y el matrimonio. El Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad y le atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas generaciones.”[1]
En los artículos 41, 42 y 43, se patentiza el derecho de todos los ciudadanos al disfrute de iguales derechos y al cumplimiento de igualdad de deberes; se prohíbe y sanciona la discriminación por motivos de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas; y se consagran los derechos ciudadanos conquistados por la Revolución. El artículo 44  reconoce la igualdad de derechos, entre el hombre y la mujer, en lo económico, político, cultural, social y familiar; garantizando que se le ofrezcan a las mujeres las mismas oportunidades y posibilidades que a los hombres, a fin de lograr su plena participación en el desarrollo del país.
El Código de Familia, puesto en vigor en 1975, refrenda los mismos postulados constitucionales referidos anteriormente; y establece como uno de sus objetivos fundamentales el contribuir al fortalecimiento de la familia y de los vínculos de cariño, ayuda y respeto mutuo entre sus integrantes. Este código se consideró en su momento una de las leyes más avanzadas de América Latina, pero actualmente cuenta con algo más de 30 años de puesta en vigor sin haber sufrido modificaciones que la hayan atemperado con las transformaciones ocurridas en el interior de las familias y la sociedad cubana. Al respecto compartimos la opinión de juristas y otros especialistas en materia de derecho de familia, en cuanto a que dada las situaciones emergidas por el carácter complejo en el que tiene lugar nuestro desarrollo social, se hace necesario introducir modificaciones a este código que lo contemporalicen con la realidad actual. Aunque desde hace algunos años juristas de diversas instituciones laboran en su perfeccionamiento; sin embargo compartimos la opinión de aquellos que consideran que el atemperar el código a la realidad de las familias cubanas, sería solo una fase del proceso de transformación en materia de legislación; por lo que para una adecuada instrumentación de la legalidad, las modificaciones al código deberían ir acompañadas de la implementación de un nuevo procedimiento de familia, así como de la creación de Tribunales de Familia.

Existen otras disposiciones legales que tributan hacia la defensa de los derechos de los miembros del grupo familiar, podemos mencionar por su importancia las siguientes:
- El Código de la Niñez y la Juventud.-  Ley # 16 del 28 de diciembre de 1978.
- De la Adopción, los Hogares de Menores y las Familias Sustitutas. Decreto-Ley # 76 del 20 de enero de 1984.
- Código de Trabajo. Ley # 49 del 28 de diciembre de 1984.
- Sobre La Comisión de Prevención y Atención  Social.  Decreto-Ley # 95 del 29 de agosto de 1986.
-  Código Civil. Ley # 59 del 16 de julio de 1987.
- Código Penal. Ley # 62 del 29 de diciembre de 1987. Modificado por el Decreto Ley  87 de 1999.
Un rasgo importante a destacar que diferencia nuestra legislación, en materia de VIF, es que la misma sólo se reconoce por la legislación cubana cuando reviste carácter delito y es denunciado ante las autoridades competentes. Por lo que a tenor de lo legislado “El que presencie la perpetración de un delito perseguible de oficio o en cualquier otra forma tenga la certeza de que se ha cometido, está obligado a ponerlo en conocimiento de un Tribunal, Fiscal, Instructor, unidad de policía o, en defecto de ésta, de la unidad militar más próxima del lugar en que se halle.”[2]
 En virtud de la letra de lo legislado, cualquier persona que conozca de un hecho que revista caracteres de delito; podrá efectuar la denuncia en la Policía Nacional Revolucionaria, Instructor Fiscal, Tribunal o Unidad Militar más próxima al lugar en que se encuentre. Es decir, si el victimario ejerce  abuso físico sobre la victima, podrá aplicársele alguna medida (administrativa o penal), sólo si esa agresión física requirió de tratamiento médico. Otro tanto ocurre en el abuso emocional, pues sólo las amenazas que ocasionan en la victima un serio y fundado temor, tendrían respaldo legal, no así otras situaciones de violencia psicológica como: gritos, desvalorizaciones, insultos, críticas permanentes, etc.; las cuales provocan un progresivo debilitamiento psíquico en la persona que la recibe.
El Artículo 116 de la  Ley de Procedimiento Penal faculta, además, que todo funcionario que conozca de un delito debe denunciarlo, o sea que  el acto de denuncia no sólo le atañe a la victima, sino que se faculta a otras figuras de la sociedad civil, como por ejemplo el médico que reconoce a un paciente y detecta que hay un hecho de  violencia. Dada las características de nuestra legislación, la denuncia del hecho en sí constituye el primer paso o eslabón de la cadena establecida para la solución de conflicto. Por lo que el accionar de la legalidad pasa por un primer develar, dar a conocer,  hacer patente un acto de VIF ante las autoridades competentes, como paso previo para iniciar un proceso legal, y en nuestra opinión ello requiere rebasar determinados patrones culturales arraigados aún en la cultura cubana.
A nuestro modo de ver, la denuncia vista no solo como el paso previo para el procesamiento del delito; sino en el amplio sentido de la palabra, como el dar a conocer, develar el fenómeno ante figuras de la sociedad civil, es uno de los eslabones mas importantes, no sólo porque visualiza el hecho, sino porque también da una medida de la concientización de la existencia del mismo por parte de los ciudadanos, familias, funcionarios y la comunidad en general.





La no existencia de la cultura de la denuncia no sólo enmascara, oculta el fenómeno de la violencia en las familias, sino que potencializa los efectos nocivos sobre estas y la sociedad en su conjunto; y aunque ha aumentado en los últimos años la preocupación de algunas figuras institucionales y científicas por las manifestaciones de violencia en los diferentes niveles de la sociedad, este fenómeno se encuentra aún muy invisibilizado en las estadísticas jurídico penales.

Aunque desde su diseño, el código penal cubano contiene un articulado que da cobertura jurídica para sancionar conductas asociadas a manifestaciones de VIF, siempre y cuando éstas adquieran carácter de delito; sin embargo, ninguno de su artículos tiene una expresión de tipo legal que contemple un procedimiento especial para el tratamiento de estas manifestaciones; por lo que, consideramos que resultaría beneficioso su adecuación con vistas a introducir el  tratamiento personalizado de la VIF en nuestra legislación. Ello implicaría, entre otros aspectos, ver este fenómeno como un proceso complejo, focalizar la mirada en la familia desde la perspectiva de la prevención de conductas que atenten contra el bienestar y derechos de todos sus integrantes.
Resulta pertinente señalar que a propuesta de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en el año 1999 se realizaron modificaciones, al código penal, centradas en el tratamiento a  algunos delitos asociados al fenómeno de la VIF, agravándose las sanciones para los delitos que atenten contra la integridad corporal, el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la familia, la infancia y la juventud. En particular, comentaremos la modificación referida al hecho de considerar como circunstancia para el agravamiento de la responsabilidad penal, el hecho de ser cónyuge y el parentesco entre el ofensor y la victima hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, según la Ley No. 87 del 1999. Aunque consideramos que esta modificación es de gran importancia, dado que acentúa la responsabilidad penal ante algún hecho violento cometido contra un miembro de la familia; sin embargo, el circunscribirse sólo a la figura del cónyuge, excluye a las uniones consensuales por lo que limita el alcance de su aplicación. Pensamos además, que ello no ayuda a  reconocer la legitimidad de este tipo de uniones.[3] Otro aspecto importante a destacar es el hecho de que el código penal no tiene enfoque de género, lo cual impide considerar determinados factores o circunstancias que, desde esta perspectiva, pudieran ser analizados como atenuantes o agravantes al juzgar un acto de violencia en las familias.
La prevención como rasgo distintivo de nuestra legislación

Como parte del sistema de leyes y procedimientos para el tratamiento de las manifestaciones de actos de violencia social,  fue creado en nuestro país desde el año 1986 el Sistema de Prevención y Atención Social (SPAS) en virtud del Decreto Ley 95. Este sistema nos distingue de otros países en cuanto al procedimiento legislativo para el tratamiento de la violencia en las familias, como una de las formas de la violencia social.  El sistema de prevención consta de tres elementos:
  • Prevención
  • Enfrentamiento
  • Reeducación o rehabilitación
La prevención como tal contempla toda la labor educativa y de formación, o sea no sólo la legislación penal sino además la legislación administrativa, los programas de acciones que se desarrollan por las instituciones estatales y las ONG de nuestra sociedad.

En la indagación realizada, se constata que la prevención del fenómeno desde la comunidad es de vital importancia. Pero, aunque el Decreto Ley 95 sobre Atención y Prevención Social establece la creación de grupos de prevención a nivel comunitario; sin embargo, en la práctica su funcionamiento es prácticamente nulo en muchos casos. En nuestra opinión la prevención en sí, choca con un primer obstáculo que es, la no existencia de una clara definición conceptual sobre la VIF por todos los actores del sistema jurídico.

La prevención de las manifestaciones de violencia en las relaciones familiares, dada su multidimensionalidad, requiere en nuestro criterio de la observancia y accionar de los diferentes actores que a nivel comunitario interaccionan con la familia, a través de las prácticas de vida cotidiana que realizan los integrantes del grupo familiar. El intercambio constante de información que se produce entre el sistema social a través de las instituciones y actores de la sociedad civil, con su unidad mas pequeña, la familia; nos da la posibilidad de desarrollar acciones de prevención, desde la legislación, que contribuyan a la modificación de arraigados patrones de conducta tradicionalmente establecidos en la sociedad cubana, que en muchos casos son desencadenantes de situaciones de violencia en el seno familiar.

Si bien es importante prevenir desde lo educativo, la búsqueda de vías alternativas para la solución de problemas familiares, de acuerdo con la documentación consultada, resulta ser una práctica jurídica utilizada con frecuencia en algunos países para el manejo de conflictos. Los conflictos interpersonales, como parte del intercambio de fuerzas desde posiciones diferentes, forman parte de la vida cotidiana de los individuos, y pueden tener un manejo positivo o no. Entre las alternativas, haremos referencia a la mediación como método alterno de resolución de conflictos, por ser una de las formas utilizadas más comunes y antiguas.

En el proceso de mediación[4], el mediador (tercero neutral) se abstiene  de emitir opinión, asesorar, o proponer fórmulas de acuerdo, limitándose a conducir el procedimiento, en el que, mediante el empleo de diversas técnicas, procura que las partes generen su propia solución.

En Cuba la  mediación de conflictos familiares es una técnica poco desarrollada; y según estudiosos del tema, “en el campo del Derecho de Familia no existen antecedentes ni estudios específicos sobre Mediación Familiar”[5]. Se le reconocen ventajas en lo económico, al ser menos costosa que un proceso judicial; en el ahorro de tiempo y duración de acuerdos; obtención de resultados satisfactorios para ambas partes, al ser las partes protagonistas y responsables; aumento de la creatividad y el empoderamiento personal; así como deuteroaprendizaje (capacidad que se desarrolla para solucionar futuros conflictos). Las desventajas están atribuidas a la falta de profesionalidad y capacitación de los profesionales que ejercen como mediadores.
La mediación de conflictos familiares no tiene un espacio en la legislación cubana; y, en nuestra opinión, su introducción requiere de un escenario de confluencia e interacción de diferentes disciplinas. Los conflictos familiares por su naturaleza, para ser tratados, reclaman de  la intervención no sólo de juristas, sino además de psicólogos, pediatras, sociólogos, pedagogos, demógrafos y otros especialistas que tengan influencia en la vida familiar; incorporándose de esta forma la visión de la sociedad civil en el análisis de estos procesos.
Compartimos el criterio de aquellos que plantean que nuestra legislación presenta  ausencias, vacíos, que dificultan el abordar la prevención del fenómeno atendiendo a la gama de situaciones y naturaleza de los conflictos; pensamos que el tratar la VIF solamente desde la infracción, no sólo es abogar a favor de reprimir, en vez de educar; sino que imposibilita el cause legal de actos violentos no contemplados en el código penal; y que el tratamiento jurídico de la violencia que se produce en el seno familiar pudiera atemperarse con una ley especial o un procedimiento especial de familia. Desde nuestra visión, la creación de los Tribunales de Familia es un reclamo que surge dada la necesidad del accionar cotidiano, y desde la naturaleza de los conflictos; lo cual posibilitaría la interacción de diferentes actores de la sociedad civil que, desde sus disciplinas y roles, tributan hacia la atención de la VIF.
Consideraciones sobre el tratamiento a las victimas de VIF.
En muchas ocasiones la no protección o asistencia social hacia las víctimas de  violencia en las familias;  la falta de apoyo psicológico; las presiones a que se ven sometidos las victimas durante su intervención en el proceso jurídico, dada la necesidad de revivir el delito a través del juicio oral; los riesgos que genera su participación en el mismo, etc.; producen efectos tan dolorosos para la víctima como los que directamente se derivan del delito. Por lo que la ciencia penal ha puesto su atención en la persona de la víctima, reclamando la intervención del Estado, dirigida no solo a establecer mecanismos de  protección para ellas, sino también a atenuar los efectos que el delito le ha producido.
En nuestro país el Estado, no sólo al amparo de la legislación, sino además desde los programas sociales, garantiza la protección de los miembros más vulnerables del grupo familiar; sin embargo, nuestra legislación no dispone de normativas que regulen la atención a las victimas, ni a victimarios de actos de VIF; y no se ha podido constatar que la legislación contemple espacios de protección o ayuda a las victimas de los mismos.

Resulta pertinente sin embargo reconocer la labor realizada en este sentido por la FMC a través de Las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia (COMF); en particular, al trabajo desarrollado con la familia, la mujer y la niñez en cuanto a la prevención y la atención social; en la atención a problemáticas complejas como la prostitución, la VIF, el  alcoholismo y la drogadicción, entre otras.

De acuerdo con la indagación efectuada para la investigación, el tema de la violencia familiar se encuentra entre las principales problemáticas atendidas por la COMF, desde 1999 y hasta el 2003. Se reportan  además, otros aspectos que a nuestro criterio se vinculan con la VIF, tales como:
·  Incumplimiento de la pensión alimentaria de los padres a los hijos e hijas.
·  La Convivencia familiar
·  Las relaciones de pareja.
Algunos expertos en materia jurídica  reconocen la necesidad de la existencia de un espacio, o mecanismo de protección legal para las victimas, y asocian la no denuncia de actos de violencia, en algunos casos, a la ausencia de mecanismos de protección.  Otros manifiestan que la creación de las denominadas “casas de refugio”, no constituye una solución del problema en si mismo, y que lo mas importante es encauzar esfuerzos hacia la labor de  prevención; por lo que no hay una opinión consensuada sobre el tema. Si bien es cierto que la prevención del fenómeno, no sólo desde acciones o procedimientos que den una respuesta (penal o administrativa) a la infracción, sino además desde el plano educativo -donde se propicie una intervención social a gran escala que de cabida a alternativas para la solución de conflictos- es el eslabón fundamental para el enfrentamiento a la VIF; no es menos cierto que los espacios de protección a las victimas y/o victimarios, además de brindar ayuda y amparo, pudieran facilitar su  atención desde  lo personológico.

Diferencias más significativas
Aunque Cuba no cuenta con una ley específica que refrende las manifestaciones de VIF, como es el caso de algunos países de la región de América Latina y El Caribe; pensamos que nuestra legislación y política social ofrecen un marco, que aunque perfeccionable como todo sistema en desarrollo,  garantiza el respeto de los derechos humanos de los miembros del grupo familiar, paso previo para la eliminación de cualquier forma de violencia u opresión.
A modo de resumen, nos resulta interesante mostrar una breve reseña comparativa de algunos conceptos legislativos; con el objetivo de resaltar las diferencias  existentes en la respuesta legal dada a los aspectos, que por su importancia han sido seleccionados. La selección de Argentina y  Costa Rica para el análisis comparativo responde al alcance de la legislación en materia de VIF en esos países, a tenor de especialistas en el tema.
Finalidad
Cuba. Las diferentes normas vigentes en Cuba hacen patente el principio constitucional de que el Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad, aunque no existe una ley especial sobre Violencia Intrafamiliar.
Argentina. No precisa.
Costa Rica. Regula la aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, la integridad y dignidad de las victimas de la violencia doméstica.
Jueces deben procurar que esta ley no sea utilizada por los agresores contra las victimas.

Política Pública
Cuba. Expresada en  la Constitución de la República, donde se manifiesta la voluntad política del Estado cubano, para eliminar toda forma de discriminación y opresión por razones de clase, género y raza desde 1959; las leyes que amparan  niñez, la juventud y la familia; y los programas sociales.
Argentina. Consejo Nacional del Menor y la Familia: coordina los servicios públicos y privados a fin de evitar y superar las causas del maltrato, abusos y todo tipo de violencia dentro de la familia. Se le participa de todas las denuncias que se presenten. Invita a las provincias a dictar normas de igual naturaleza.
Costa Rica.  El Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, como ente rector, vigila el cumplimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; desarrolla programas de detección, atención, prevención e inserción laboral de las personas agredidas. Tiene entre sus funciones, velar porque las autoridades se comporten de conformidad con la Convección; tomar las medidas apropiadas para modificación de prácticas jurídicas o consuetudinarias de violencia; fortalece el conocimiento y observancia del derecho de la mujer; promueve modificación de patrones socio culturales; estimula programas educativos sobre violencia doméstica; garantiza la investigación y recopilación de estadísticas e información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencias de la violencia doméstica. A su vez, desarrolla un Plan Nacional para coordinar un sistema que pueda ofrecer servicios especiales a las personas agredidas por violencia de género o su prevención.

Definición de la VIF
Cuba. No está contemplado por Ley.
Argentina. Contempla como tal las lesiones o maltrato físico o psíquico.
Costa Rica. La define como violencia doméstica a la acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra pariente (...) que produzca como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial

Titular de la acción
Cuba. Se define según lo establecido en el Artículo 116 de la Ley de Procedimiento Penal. Además para la víctima  o su representante legal, en los delitos perseguibles a instancia de parte (Artículo 309 y 320 del Código Penal).
Argentina. Representantes y/o Ministerio Público: si los damnificados son menores, incapaces, ancianos o discapacitados; servicios asistenciales sociales y educativos, públicos o privados; profesionales de la salud; todo funcionario público; el menor incapaz puede directamente poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público.
Costa Rica.
a) Si son menores de 12 o incapaces, su representante legal, Patronato Nacional de la Infancia, autoridad de policía o persona mayor de edad.
b) Instituciones públicas o privadas que lleven a cabo programas de protección de los derechos humanos y de la familia.
c) Mayores de edad cuando la persona agredida esté imposibilitada a consecuencia de la situación de violencia doméstica

Órganos competentes
Cuba. 
a) Tribunales Municipales y Provinciales Populares (Salas de lo Penal y de lo Civil)
b) Oficiales de menores, Jefes de Sectores de la Policía Nacional Revolucionaria del Ministerio del Interior.
c) Comisión Nacional, Provincial y Municipal de Prevención y Atención Social.
d) Casas de Orientación a la Mujer y a la Familia (COMF)
Argentina. El Ministerio Público y el  Juez de Familia.
Costa Rica.  Juzgado de Familia, en su defecto las alcaldías mixtas

Tipo de Procedimiento
Cuba. No hay establecido un procedimiento específico dada la inexistencia de una Ley especial, pero existen tratamientos alternativos que abarcan las materias fundamentales; Civil, de Familia. Administrativa, Laboral y Penal que encuentran respaldo jurídico en las leyes sustantivas (Código Civil, Código de Familia, Regímenes contravencionales, Código de Trabajo y Código Penal) y adjetivas (Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral y Ley de Procedimiento Penal). Existen además procedimientos preventivos que se desarrollan, fundamentalmente, a través de las Comisiones de Prevención Social; a través de los oficiales de prevención de menores y de seguridad pública del Ministerio del Interior, y trabajadoras sociales de las COMF.
Argentina. La denuncia, puede ser verbal o escrita
Costa Rica. Para las Medidas de Protección, el Código Procesal Civil se aplica supletoriamente.
La Política Administrativa interviene de oficio o a requerimiento de parte, en las situaciones de violencia doméstica.

Medidas de protección
Cuba. No están reflejadas en ningún cuerpo legislativo
Argentina. A través de un Proceso Civil o Familiar, se establece una audiencia de mediación que es convocada dentro de las 48 hrs. De adoptadas las medidas precautorias; se insta al grupo familiar a asistir a programas educativos y terapéuticos.
Costa Rica. Las  medidas de protección pueden ser solicitadas por escrito o en forma verbal, con independencia de cualquier otro proceso, y están contempladas en el cuerpo de la legislación.

Reflexiones finales

A modo de conclusión, nos parece pertinente resaltar algunos aspectos que caracterizan en lo esencial el alcance y limitaciones, que en nuestro criterio, aún tiene el tratamiento de la VIF en el contexto cubano; así como lo que de distintivo o novedoso posee en relación con  otros países latinoamericanos.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, tanto nacional como internacionalmente, no sólo en materia de diseño de normativas jurídicas, sino a su vez en la implementación de las mismas, pensamos que en nuestro país el enriquecimiento cultural de funcionarios, activistas sociales, familias y comunidad en general es de vital importancia para develar este fenómeno a escala social; y que la articulación de los instrumentos jurídicos, que tributan  hacia la familia como sistema, es de vital importancia para el desarrollo de acciones de prevención.
Resulta pertinente destacar que en Cuba, el tratamiento legal de la violencia que se manifiesta entre los miembros del grupo familiar responde a una política de protección y garantías, hecho que nos distingue del resto de la región latinoamericana, pero esta no permite su solución de manera directa. La existencia de una estrategia y programas sociales, si bien contribuye a respaldar el estado de derecho de los grupos mas vulnerables: mujeres, niños(a) y ancianos, no es suficiente para el tratamiento de la VIF como fenómeno complejo, no existiendo adecuados espacios para la atención a victimas y victimarios, lo que dificulta el enfoque psicosocial en el tratamiento de los casos.
 La existencia de vacíos, en el instrumental jurídico, para encauzar las manifestaciones de  VIF de carácter psicológica, es una de las problemáticas pendientes de solución,  ya que como se explica en el texto las leyes sólo reconocen la violencia física. Por otro lado, el desarrollo de lo legislado, así como los espacios de concertación, son insuficientes para el manejo y solución de conflictos familiares mediante vías alternativas, por lo que existe una tendencia muy marcada hacia la aplicación de los métodos tradicionales de justicia, con el consiguiente costo social y económico que ello implica.  Consideramos que el derecho de familia tiene un campo muy fértil en esta temática, poco explorada y divulgada en nuestra sociedad, no así en otros contextos.
Pensamos que en la sociedad cubana no existe una clara percepción del  fenómeno de la VIF; y compartimos la opinión de juristas y otros especialistas expertos en la materia que plantean la necesidad de reconocerlo en nuestra legislación, por las características que presenta. Y aunque si bien la legislación es uno de los elementos que coadyuva a resolver este problema (no el único), pensamos que priorizar las vías dirigidas hacia la prevención, contribuiría a atenuar los efectos de la transmisión de patrones culturales basados en relaciones de poder violentas entre los miembros de la familia. Por otro lado resulta pertinente resaltar que la labor de prevención, dada la multidimensionalidad de este tema, requiere a nuestro criterio, de la observancia y accionar de los diferentes actores que a nivel comunitario interaccionan con la familia, a través de las prácticas de vida cotidiana que realizan los integrantes de este grupo social. .

Notas

* Patricia Gazmuri Núñez. Licenciada en Economía, Universidad de La Habana (1976). Posee más de 20 años de experiencia como investigadora en la esfera de la vivienda, donde ha participado en diversos estudios de carácter económico-social, que han servido de basamento para la instrumentación de la Política Habitacional del país. Entre ellos se destacan la Estrategia para el Desarrollo Socio Económico hasta el año 2000, los estudios para la formulación del Sistema de Alquileres de Vivienda y el Proceso Inversionista en dicha esfera, los procedimientos metodológicos para la elaboración del Programa Territorial para el Desarrollo de la Vivienda, el diseño de indicadores para contribuir a medir el nivel de satisfacción de las necesidades habitacionales, los Escenarios Socio Económicos para el Desarrollo de la Vivienda y la Estrategia Científico Técnica para el Desarrollo de las Construcciones. Ha participado como ponente en diversos eventos nacionales e internacionales. Es autora de  artículos publicados en revistas de circulación nacional, y de publicaciones digitales con difusión nacional e internacional.
Actualmente se desempeña como investigadora en el Departamento de Estudios sobre Familia en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), donde ha participado como ponente en eventos internacionales tales como la VI Conferencia Iberoamericana Las Familias y las Culturas (2005), Hominis’05 , III Seminario Bienal Complejidad(2006) y el I Congreso Multidisciplinario de Ciencias Sociales, este último celebrado en la ciudad de Mérida, Venezuela en el 2006.
De reciente culminación pueden mencionarse los resultados de investigación denominados “Violencia Intrafamiliar en Cuba. Aproximaciones a su caracterización”, y “Violencia Intrafamiliar en Cuba. Recomendaciones a la política social”; ambos temas fueron debatidos en el Taller Internacional CIPS 2006 Encuentro Pre – ALAS del Caribe.



Bibliografía
·         Grupo Parlamentario Interamericano sobre  Población y Desarrollo (1997) “Módulo Legislativo sobre Violencia contra la Mujer. Fichas de Legislación”. (New York,GPI).
·         Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo (1997) “Módulo Legislativo sobre Violencia contra la Mujer. Herramientas Conceptuales”. (New York, GPI).
·         Gaceta Oficial Ext. No. 6: 10 de junio de 1994, Artículo 2 del Decreto-Ley No. 151, Modificativo de la Ley de Procedimiento Penal: pág. 16.

·         Gaceta Oficial Ext. No 1: 15 de Marzo de 1999. Ley No 87 Modificativa del Código Penal. La Habana

·         Oficina Nacional de Estadísticas 2002. Censo de Población y Viviendas. Centro de Estudios de Población y Desarrollo. Ciudad de La Habana
·         Oficina Nacional de Estadísticas 2003. Anuario Demográfico de Cuba. Centro de Estudios de Población y Desarrollo. Ciudad de La Habana
Tomado de  Internet
·         Mirar a Cuba, 2003: Constitución de la Republica de Cuba. La Habana <http://www.cubaminrex.cu/Mirar_Cuba/La_isla/constitucion.htm >
·         Asamblea Nacional del Poder Popular, 1987: Ley Nº 62 Código Penal. <http://www.cubapolidata.com/gpc/gpc_codigo_penal_de_cuba.html>
·         Sitio Derecho Penal s/f  Ley No. 62: Código Penal de Cuba & Ley No. 87, modificativa del Código Penal <http://www.unifr.ch/derechopenal/legislacion/cu/cpcubaidx.htm>
Notas


[1] Constitución de la República de Cuba. Capítulo IV, artículo 35
[2] Articulo 116. (Modificado). Ley de Procedimiento Penal. Este título, en su totalidad, fue modificado por el artículo 2 del Decreto-Ley No. 151, “Modificativo de la Ley de Procedimiento Penal”, de 10 de junio de 1994.
[3] La uniones consensuales representan el  30,1 %  del total de matrimonios declarados en el año 2003, y el 25,5 % del total de población, de 15 años o más, declarada como unida al momento del censo del 2002. (ONE:2003) y (ONE:2002)

[4] Es un proceso mediante el cual un mediador le ayuda, facilitándole un método privado e informal, para reflexionar acerca del conflicto o disputa interpersonal (“discutir el asunto”) y tratar de resolverlo. El mediador no es un juez y no decide quién es culpable o inocente. El proceso de mediación es flexible y permite encontrar con el mediador sus necesidades más importantes. Ver Tesis sobre Mediación Familia., autora Msc. Yamila González, Unión Nacional de Juristas de Cuba   

[5] Ver: González, Yamila “Mediación Familiar“, Tesis de Maestría. Unión Nacional de Juristas de Cuba.   La Habana, 2003 

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martes, 25 de enero de 2011

Aspectos Coercitivos de la Norma Jurídica y Sanción Social

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PFG ESTUDIOS JURÍDICOS
UNIDAD CURRICULAR
Aspectos Coercitivos de la Norma Jurídica y Sanción Social
Julio, 2006


La presente unidad curricular fue elaborada gracias a los aportes y discusiones sostenidas entre profesores y estudiantes de las sedes y aldeas universitarias de los estados Falcón, Distrito Capital, Monagas, Delta Amacuro.
Así mismo, participaron en la sistematización de los aportes realizados por las distintas sedes: Abg. Maribel Jiménez (Falcón), Abg. Dalimar Avendaño (Monagas), Abg. Carlos Rausseo (Monagas), Abg. Alex Díaz (Distrito Capital), Abg. Alejandro Zamora (Distrito Capital), Abg. José Evariste (Distrito Capital), Ant. José Romero (Distrito Capital), Soc. Ásael Vargas (Delta Amacuro), Soc. Héctor Romero (Delta Amacuro), Br. Cristian Hurtado (Falcón).
Los aportes bibliográficos realizados y la propuesta definitiva se presentan a continuación.
UNIDAD CURRICULAR: ASPECTOS COERCITIVOS DE LA NORMA JURÍDICA Y SANCIÓN SOCIAL
1. Presentación:
La unidad curricular Aspectos Coercitivos de la Norma Jurídica y Sanción Social está ubicada en el segundo Trayecto del plan de estudio del PFG en Estudios Jurídicos, tiene un valor de tres (03) unidades créditos.
Académicamente el programa de la unidad se divide en cinco temas que deben ser abordados durante un (01) tramo, treinta y seis (36 horas), dos (02) horas a la semana durante Dieciocho (18) semanas. Las áreas del Conocimiento que se abordan: Derecho Penal, Criminología, Derecho Procesal Penal, Sociología Criminal.
2. Descriptor:
La coercitividad normativa. Seguridad ciudadana, y Estado de Derecho. Vulneración de las normas de convivencia y sanción social: relación entre las normas penales y la actividad sancionadora de la Administración. Conductas delictivas y consecuencias jurídicas del delito. Iniciación al estudio del Código Penal y del Código Orgánico Procesal Penal.
3. Presentación:
El proceso de Integración de lo jurídico en lo social que actualmente experimenta la sociedad venezolana, el cual ha sido legitimado democráticamente a través de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le otorga prioridad entre otras cosas a la voluntad del pueblo de convertir a la Justicia Social en un valor supremo del
Estado, por lo cual se hace imprescindible que en la formación del nuevo Republicano se incluyan los principios que rigen este proceso de transformación.
4. Justificación:
El Derecho ha sido utilizado para imponer normas jurídicas según los valores e intereses de los grupos sociales dominantes. Actualmente, dicha imposición articula a una visión liberal que niega y reprime cualquier forma alternativa de organización y que se presenta a sí misma no sólo como la única posible sino como la única deseable.
El Derecho penal no escapa a esta realidad y se ha construido con la falsa concepción de que la sociedad es una totalidad consensual en la que el acto desviado es sólo una excepción, que transforma las relaciones sociales en actos individuales y reproduce las relaciones de desigualdad a través de la aplicación selectiva de sanciones.
En este sentido, el enfoque tradicional del estudio del derecho penal, tiende a configurase como un elemento para el mantenimiento y legitimación de ese sistema. A través de un estudio exclusivamente positivista, parcelado y desarticulado, se pretende dar respuesta a la sociedad desde la ciencia del derecho aislada de las demás ciencias sociales y por tanto de las condiciones políticas, históricas, sociales, culturales y étnicas de los pueblos, con lo cual se desconoce el contexto que le da origen a la norma y en el cual se aplica.
Este enfoque sustenta una visión utilitarista del conocimiento, utilizada por el profesional del Derecho en su práctica laboral, lo que conduce a la aplicación acrítica del ordenamiento jurídico.
Por ende, se hace necesario el estudio, desde una perspectiva que permita al futuro profesional de la Abogacía conocer como influye el Derecho Penal en la sociedad y viceversa. Un estudio que considere al contexto local, nacional y mundial, alejándolo del conocimiento aislado y repetitivo, acercándolo a una visión reflexiva, crítica y transformadora, que entienda al Derecho Penal como un mecanismo de control social el cual ha adquirido diversas formas a través de la historia.
A partir de lo anterior, se pretende comenzar a formar profesionales capaces de deslindar los intereses burgueses de los intereses de las mayorías y de contribuir a generar los cambios progresivos en nuestro derecho penal, desde su rol dentro del sistema de justicia y/o la actividad investigativa, para transformar definitivamente los esquemas implantados por los grupos
poderosos quienes amoldan las normas a sus intereses particulares, muchas de las cuales se encuentran divorciadas del bien común, la igualdad y la justicia social.
La vinculación que tiene la unidad con el Proyecto II “Conflicto Social y Ordenamiento Jurídico” viene dada principalmente por la temática que aborda el proyecto que se cursa durante el segundo trayecto, el cual contempla el conflicto social y el ordenamiento jurídico.
Por otra parte, actualmente muchos de los proyectos que realizan los estudiantes del programa se realizan en centros de reclusión a nivel nacional, incluso, en algunos casos, los internos en dichos centros, son cursantes del PFG en Estudios Jurídicos a través de la municipalización de la educación superior.
5. Objetivos de la Unidad Curricular:
5.1. Objetivo General
Introducir a los y las estudiantes en los conceptos y teorías fundamentales del Derecho Penal General desde una perspectiva inter y transdiciplinaria, crítica, reflexiva y propositiva, así como su aplicación en el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia venezolano.
5.2. Objetivos Específicos
- Analizar las Teorías, definiciones y principios en torno al Derecho Penal, desde una visión interdisciplinaria y transdisciplinaria.
- Realizar un estudio crítico del derecho Penal venezolano y los problemas de Justicia en la sociedad venezolana, para ser capaces de plantear soluciones jurídicas desde la perspectiva social.
- Definir y diferenciar la norma social y jurídica, y vincularlas con la sanción social como medio para preservar los valores sociales.
- Valorar la sanción social para entenderla como medio de castigo.
- Conjugar las competencias obtenidas en las anteriores unidades curriculares y proyectos.
6. Temario:
Tema 1: Fundamentos Socio-Antropológicos del Derecho Penal.
1.1. Aproximación al Derecho Penal como mecanismo de control social y crítica a la función represiva.
1.2. Formas del Derecho Penal a través de la historia:
1.2.1 El Derecho Penal esclavista
1.2.2 El Derecho Penal de la sociedad feudal
1.2.3 El Derecho Penal del tipo Burgués.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Derecho Penal.
Críticas a la Definición del Derecho Penal Venezolano vigente y a la actividad sancionadora de la administración.
El Derecho Penal en el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Tema 2: La Norma Jurídica.
2.1 Norma Social
2.2 Convencionalismos Sociales
2.3 Norma Moral
2.4 Norma Religiosa
2.5 Norma Jurídico Penal: Estructura, aplicación e interpretación.
Tema 3: El Estado Social y Democrático de Derecho y de justicia como fundamento del Ius Puniendi. Revisión crítica y reflexiva de principios.
3.1 Principio de Legalidad
3.2 Principio de Personalidad
3.3 Principio del Bien jurídico
3.4 Principio de Proporcionalidad
3.5 Principio del debido proceso
3.6 Principio de Irretroactividad y su excepción en el Derecho Penal
3.7 Principio de la Pena humanitaria
3.8 Principio de Resocialización
Tema 4: El Comportamiento Humano como Base de la Teoría del Delito.
4.1 Conceptualización de delito y falta, análisis y características.
4.2 El delito como un producto social y como hecho típico, antijurídico, culpable y punible.
4.3 Crítica de los elementos del Delito
4.4.1 Acción, Dolo, Culpabilidad (Principio de culpabilidad)
4.4.2 Tipicidad
4.4.3 Antijuricidad. (Causas de Justificación)
4.4.4 Imputabilidad en contraposición al principio de Legalidad.
4.4.5 El Iter Criminis.
4.4.6 Formas de participación en los Delitos.
4.4.7 La punibilidad.
Tema 5: Consecuencias de La Acción Delictiva.
No se trata de estudiar sólo por la función de "la pena", en abstracto, sino de averiguar qué función corresponde a la pena en el modelo de Estado venezolano.
5.1 La sanción social a través de la historia: Conceptualización, tipos y características.
5.2 Teorías de la pena. La pena como castigo.
5.3 Análisis y estudio de la Pena en el Código Penal Venezolano: conceptualización, caracteres, naturaleza, justificación y finalidad.
5.4 Medidas de Seguridad en la Legislación Venezolana.
7. Bibliografía General
Con ella se busca evitar en el estudiante el muy frecuente uso de los apuntes de clase como material fundamental, cuando no exclusivo para el estudio. Por ello, además de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que regulan la materia, han sido seleccionados los siguientes de libros de texto que se corresponden con el contenido del programa.
Arteaga S, Alberto (2001): Derecho Penal Venezolano. 9º Edición Mc graw Hill Interamericana de Venezuela S.A. Caracas - Venezuela.
Bacigalupo, E. (1987): Derecho Penal parte general. Editorial Hammurabi, S.R.L., Buenoas Aires Argentina.
Baratta, A y Faira J. (____): Criminología y Sistema Penal. Editorial B de F, Montevideo, Uruguay.
Binder, Alberto. (1992): Política criminal, Derecho penal y Derecho procesal penal, en Justicia penal y sociedad. Nº 02. Guatemala, pág. 55.
Botero Uribe, Darío (1995): "Critica de la Función represiva en Foucault". Del Panaptismo a la Autoeducación" En: Politeia Los Derechos Humanos en Colombia, N° 16, EDITORIAL universidad De Colombia, Santafé de Bogotá. Páginas 160-165.
Boullant, Francois (2004): Michel Foucault y Las Prisiones, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, Páginas 7-32.
Colectivo de Autores (2003): Visiones Sobre el Crimen y Castiguen América Latina, Ediciones ILSA, Bogotá, Colombia.
Ferrajoli, Luigi (1997): Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, 2ª edición. Madrid, Trotta.
Foucault, Michel (2004): Vigilar y Castigar, Nacimiento de La Prisión, Siglo Veintiuno. Editores Argentina, Páginas 1-66.
Gómez Grillo, Elio (1980): Los Delitos y Las Penas en los Países Socialistas, 1era Edición, Editorial Ateneo, Caracas – Venezuela.
Lekschas J., Harrland H., Hartmann R., y Guanter Lehmann (1989): Criminología. Fundamentos Teóricos y Análisis. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba.
Martínez Sánchez, Mauricio (1990): La Abolición del Sistema Penal, Editorial Temis, Bogotá - Colombia, páginas 41-66.
Mir Puig, Santiago (2004). Derecho penal. Parte general. Séptima Edición, Editorial Reppertor S.L. Barcelona, España.
Molina A. Carlos Mario (_____): Introducción a La Criminología. Tercera Edición. Grupo Editorial Leyer.
Novoa Monreal, Eduardo (1977): La Evolución del Derecho Penal en el Presente Siglo. Editorial Jurídica de Chile.
Novoa Monreal, Eduardo (1980): -Causalismo y Finalismo en Derecho Penal: Aspectos de la Enseñanza del Derecho Penal en Hispanoamérica. Editorial Juriscentro, San José, Costa Rica.
Novoa Monreal, Eduardo: Curso de derecho Penal Chileno. Editorial Jurídica de Chile.
Olaso S.J. Luís (1998):Introducción al Derecho Tomo I. Universidad Católica Andrés Bello Caracas - Venezuela.
O. Zhidokv, VChirkin, Yu. Yudin (1980): Fundamentos De La Teoría Socialista Del Estado y El Derecho, Editorial Progreso, Moscú, Páginas 288-306.
Roxin, Claus (1989). Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal. Editorial Ariel, Barcelona, España.
Rusche G. y Kirchheimer O (1984). Pena y estructura Social. Editorial Temis, Bogotá, Colombia
Zaffaroni, Eugenio Raúl (1994). Manual de Derecho Penal, parte general, 2ª. Reimpresión. Cárdenas, México.


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domingo, 23 de enero de 2011

REGULACION SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES



El Derecho Sucesoral, también denominado Derecho Hereditario, está regulado en el Código Civil Venezolano y en la Ley especial de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos.-



1.- Ley Especial de Impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos:



1.1.- El patrimonio familiar:



1.2.- Concepto de Sucesiones: Es la transmisión de derechos y obligaciones que tienen lugar por la muerte de una persona a través de lo que se denomina herencia; es decir, que las relaciones jurídicas de la persona del causante se transmiten a la de los sucesibles, salvo aquellos derechos estrictamente personales o de familia, como por ejemplo, el uso, el usufructo, la obligación alimentaria, el mandato, la renta vitalicia, etc., los cuales se extinguen con la muerte del titular de los mismos. En consecuencia, no todos los derechos de una persona son susceptibles de transmisión por causa de su muerte.-



2.- Sucesiones y Testamentos:



2.1.- Sucesiones Intestada (también llamadas Sucesión Legal): Es aquella en que la vocación hereditaria se produce por imperio de la ley cuando falta total o parcialmente la voluntad del causante manifestada en testamento válido. La Ley al ordenar las atribuciones del patrimonio en defecto de una declaración de voluntad del de cuyjus, toma como base para hacer tal atribución, la presunta voluntad de éste, tendiente a beneficiar a los parientes de grado más próximo, con preferencia los de grados más remotos y a los extraños. La sucesión legal o intestada (ab intestato) tiene su fundamento en el orden natural de los afectos y en el orden social, especialmente en lo que respecta a los niños venezolanos concebidos y nacidos fuera del matrimonio.-



2.2.- Capacidad para suceder: Tratándose de sucesiones por derecho propio o por derecho de representación, es necesario que la persona llamada a suceder tenga efectivamente capacidad para ello.



El Artículo 808 del Código Civil contiene un principio fundamental: “Toda persona es capaz de suceder, salvos las excepciones determinadas por la Ley”. De este principio se deduce que la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción, lo cual tiene una gran importancia práctica porque de ello se infiere que la capacidad para suceder se presume según la ley y que quien sostiene la incapacidad debe probarla. Las incapacidades para suceder están contempladas en el Artículo 809 de dicho Código.-



2.3.- La Representación: El derecho de representación es el derecho correspondiente a los hijos (o a los nietos) para ser colocados en el lugar que ocupaba su padre o su madre (o abuelo) en la familia del difunto, a fin de suceder en la parte de la herencia que habría tocado al ascendiente paterno o materno de haber podido y querido heredar. Por supuesto que, para ejercer el derecho de representación, es requisito indispensable tener capacidad para ello, en los términos expuestos anteriormente.



2.4.- Orden de Suceder: El Artículo 807 del Código Civil expresamente señala que sólo hay lugar a la sucesión legal o intestada cuanto falte total o parcialmente la sucesión testamentaria.-



La sucesión legal procede en los siguientes casos:



 Por derecho de la consanguinidad a favor de los hijos, cuya fijación esté comprobada legalmente y ascendientes.

 Por derecho de familia a favor de los parientes colaterales hasta el sexto grado de parentesco.

 Por derecho de matrimonio a favor del cónyuge sobreviviente.



Las personas llamadas por ley a suceder son tres:



1. Los parientes consanguíneos

2. El cónyuge

3. El Estado



2.5.- Las Sucesiones Testamentarias: Es aquella que tiene lugar por voluntad expresa del autor, y tiene su fundamento en la autonomía de la voluntad del testador, la cual debe ser respetada después de su muerte. Los supuestos para que se verifique o tenga lugar la sucesión testamentaria son:



 Que haya una válida declaración de voluntad del de cujus emitida en un testamento.

 Que el de cujus sea capaz de disponer.

 Que el heredero instituído sea capaz de adquirir o recibir por testamento

 Y que la disposición testamientaria, cuando haya derecho de sucesión necesaria (cuotas de reserva o porción legítima) respete ésta.



2.6.- Capacidad para disponer por testamento: Son las mismas enunciadas en el punto relacionado con la capacidad para suceder. Pero, en todo caso, el Artículo 836 del C.C, m contiene algunas reglas al respecto y el Artículo 837 eiusdem establece las cuatro categoría de los que son incapaces para testas, a saber: 1) Los que no hayan cumplido 16 años, a menos que sean viudos, casados o divorciados. 2) Los entredichos por defecto mental. 2) Los que no estén en su sano juicio al hacer el testamento. Y 4) Los sordo-mudos y los mudos que no sepan o no puedan escribir.



2.7.- Capacidad para recibir por testamento: Son las mismas enunciadas al traatar el punto relacionado con la capacidad para suceder. El Artículo 839 señala que pueden recibir por testamento, todos los que no estén declarados incapaces para ello por la Ley, por tanto, la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción; además señala quienes son por ley, los incapaces para recibir por testamente, señalando 3 categorías, a saber: Los que son incapaces para suceder ab-intestato; las Iglesias de cualquier credo y los institutos de manos muertas; y, por último, los ordenados in sacris y los ministros de cualquier culto, a menos que el instituído sea cónyuge, ascendiente , descendiente o pariente consanguíneo dentro del cuarto grado, inclusive el testador (Art. 841 del C.C.



2.8.- Los Testamentos – Formas: Los testamentos se clasifican en: Testamentos Ordinarios, que pueden ser abiertos o cerrados (Art. 849 del Código Civil) y los Testamentos Especiales, que son aquelos otorgados durante una epidemia, los otorgados por militares y los otorgados durante un viaje por mar.



2.9.- Testamentos Ordinarios: Pueden ser de dos formas, abiertos o cerrador:



 El testamento abierto o nuncupativo es aquel en que el testador lo otorga en presencia de las personas que deben autorizar el acto (Artículo 850), y que debe llenar los requisitos previstos en los Artículo 852 al 857 y 882 del Código Civl, en la Ley de Registro Público y varían según la modalidad adoptada por el testador para formalizarlo, así tenemos:



1. Otorgado mediante escritura pública según los requisitos exigidos por la Ley de Registro Público

2. Otorgado sin protocolización ante el Registrador y dos testigos (Artículo 858 del Código Civil, previo el cumplimiento de las formalidades allí establecidas.



El testamento cerrado, es aquel que el testador hace por voluntad propia y que sólo puede ser abierto después de su muerte.



2.10.- Los Testamentos Especiales: Son aquellos otorgados en consideración de las extraordinarias circunstancias de tiempo y de lugar en que pueda hallarse el testador y de no poder recurrir ésta a las formas ordinarias de testar, autorizándolo la ley al uso de las formas testamentarias especiales. Nuestro Código Civil contempla tres casos de testamentos especiales, a saber:



 Los testamentos otorgados durante una epidemia

 Los testamentos hechos en tiempo de guerra por los militares u otras personas no militares empleados en el ejército de expedición.

 Los testamentos otorgados en un viaje por mar



La diferencia entre estos testamentos y los ordinarios estriba en las formalidades que deben llenar estos últimos para que tengan validez.



2.11.- Testamentos otorgados en países extranjeros:



Existen dos posibilidades para otorgar testamento en países extranjeros y son las siguientes:



1. Los venezolanos y los extranjeros podrán otorgar testamento en el exterior para que tenga efecto en Venezuela, sujetándose en cuanto a la forma a las disposiciones del país donde se realice el acto. Sin embargo, el testamento deberá otorgarse en forma auténtica y no se admitirá el otorgados por dos o más personas en un mismo acto, ni verbal, ni el ológrafo (Artículo 870 C.C.).



2. También podrán los venezolanos o los extranjeros otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela, deberán ser otorgados antes el agente diplomático o consular de la República en el lugar del otorgamiento, atendiendo a las disposiciones de la ley venezolana. En este caso el funcionario diplomático o consular de la República hará las veces de Registrador y cumplirá el acto del otorgamiento con los preceptos del Código Civil (Artículo 880).-



2.12- El Albacea Testamentario: Es un mandatario que recibe su poder del testador, y que no puede ser revocado por el heredero, aunque éste representa por ley al testador, y son debido a la necesidad que siente el testador de confiar al cuidado y eficacia de ciertas personas el cumplimiento de algunas disposiciones que no interesan o que desagradan a los herederos y que por tanto éstos pueden ver con descuido o con aversión.



2.13.- Apertura del Testamento: El Artículo 013 del Código de Procedimiento Civil señala la forma como debe hacerse la solicitud de apertura cerrado, la cual debe ir dirigida al Tribunal de Primera Instancia del lugar donde se encuentre el testamente, aún

Cuando no sea el mismo lugar de la apertura de la sucesión, ni el del lugar donde fue otorgado el mismo. Además, el Código Civil en sus artículos 9888 y 989, indican todas las diligencias que se deben efectuar y una vez terminadas éstas, el Tribunal procederá en presencia de dos testigos, a abrir el testamento. Es diferente la apertura del testamento a la apertura de la sucesión, ya que esta última se lleva a cabo al momento de la muerte del causante y en el lugar donde ésta ocurra.



2.14.- Publicación y Protocolización del Testamento Cerrado: El Artículo 857 del C:C. señala los requisitos del testamento cerrado, entre los cuales se señalan la publicidad y la protocolización que hacerse por entrega ante el Registrado, en presencia de dos testigos, y el Registrador dará fe de la presentación y entrega con las formalidades de ley.



2.15.- Revocación de Testamento: Todo testamento puede ser revocado por el testador, de la misma manera y con las mismas formalidades que se requieren para testar, tal como lo expresa el Artículo 990 del C.C.; de lo cual se infiere que el testamento es por naturaleza un acto esencialmente revocable por el testaador , total o parcialmente hasta el momento de su muerte. También el Código Civil contiene dos títulos que se ocupan de la revocación testamentaria por voluntad del testado(Artículos 990 al 992 anbos inclusive); y otro que se refiere a la revocación del testamento y de la ineficacia de las disposiciones testamentarias Artículos 951 al 958, ambos inclusive) que regulan los casos de revocación de las disposiciones testamentarias por imperio de la ley, y también los de ineficacia de éstos.



2.16.- Aceptación y Repudiación de la Herencia: La aceptación de la herencia presenta siempre los siguientes caracteres:



 Debe ser pura y simple, no sujeta a término inicial o final, ni a condición suspensiva o resolutoria – Artículo 997 C.C.

 Es irrevocable, pues el heredero, después de hacerla aceptado, no puede retractarse de la aceptación. Artículo 916 C.C.

 Debe ser libre, por tanto, no se puede impugnar, salvo que haya sido la consecuencia de violencia o dolo. Artículo 1010 C.C.

 Es indivisible, en el sentido de que no puede ser parcial, por consiguiente, no se puede ser heredero de ciertos bienes y de otros no, porque o se es heredero en todo no se es en nada.

 Es retroactiva, en el sentido de que los efectos de la aceptación se retrotraen al momento en que se abrió la sucesión, habida cuenta que el heredero continúa sin interrupción la personalidad del causante. Artículo 1001 C.C.

 La aceptación una vez verificada, es definitiva, y ya no puede el heredero hacer ineficaz la representación hereditaria que es requerida primeramente en interés de los terceros.



Las formas de aceptar la herencia son dos: 1) Pura y simple, la cual a su vez puede ser expresa o tácita. 2) A beneficio de Inventario, en el caso de que existan herederos menores de edad.



Hay además actos que no implican la aceptación de la herencia, como por ejemplo, la renuncia hecha gratuitamente por un coheredero a favor de todos los coherederos legítimos o testamentarios a quien se deferiría la parte del renuncia. (Artículo 1006 C.C.- Otro ejemplo sería, los actos meramente conservatorios, de guarda y de administración temporal, que no envuelven la aceptación de la herencia. Artículo 1003 C.C.-



En cuanto a la Repudiación de la Herencia podemos señalar que es un acto mediante el cual una persona rechaza o no acepta una herencia o un legado que le corresponde. También es aplicable a las donaciones.



2.17.-Herencia Yacente: Cuando muere una persona, lo común es que sus herederos testamentarios o ab intestato hasta el sexto grado de parentesco, reclamen la herencia dejada por éste, ya sea aceptándola pura y simplemente o a beneficio de inventario. En caso contrario, esto es, si todos renuncia o si se ignora quienes son sus herederos, la ley prevé que la herencia se repute yacente mientras se determina a quien corresponda y el Juez de Primera Instancia Civil con jurisdicción en el lugar de la apertura de la sucesión, de oficio o a petición de parte interesada (Artículos 1060 y 1061 C.C.) y (Artículos 76 y 80 de la Ley de Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos, nombrará de oficio o a solicitud de parte interesa a un curador que una vez juramentado tendrá la obligación de la conservación, custodia y administración de los bienes hereditarios. El procedimiento judicial de herencia yacente es de los considerados de jurisdicción voluntaria o graciosa.-



2.18.- Herencia Vacante: Está regulada en el Artículo 1065 del Código Civil que si transcurrido un año, después de fijados los edictos a que se refiere el Art. 1064, sin hacberse presentado nadie reclamando fundadamente derecho a la herencia que ha sido reputada yacente, el Juez declarará vacante la herencia, se hace el inventario y avalúo correspondiente y los bienes pasan al Fisco Nacional. Cabe señalar que esta posesión acordada al Fisco Nacional no daña ni perjudica las acciones no prescritas de los herederos que tengan un derecho preferente, por consiguiente, si se presentare algún heredero durante el lapso de 10 años, contados desde la muerte del causante y ejercen judicialmente el derecho de aceptar la herencia de conformidad con lo establecido en el Artículo 1011 del C.C., el Estado estaará obligado a devolverla después de pagar las obligaciones insolutas; pero las enajenaciones que se hicieron de estos bienes, no podrán ser atacadas por los herederos que se presente posteriormente y sólo podrán exigir al Fisco Nacional el reintegro del producto líquido de la venta de tales bienes.



2.19.- Herencia a Beneficio de Inventario: La aceptación de la herencia a beneficio de inventario es una aceptación modal para proteger al heredero común, tanto para la herencia testamentaria como ab-intestato, mediante la cual el heredero llamado impide que se produzca la confusión de los patrimonios del causante y del heredero y evita sin perder la condición de tal, responder ilimitadamente por las deudas y cargas de la herencia, además evita los trámites de los procedimiento de herencia yacente y vacante, que son muy costosos para los acreedores y para la herencia, pues hay que pagarle al curador de la herencia, hacer publicaciones, gastos de abogados, etc.; y también para el Estado al requerirse de la autoridad judicial.



En nuestro derecho, la aceptación de la herencia a beneficio de inventario está contemplada en los artículos 1023 al 1048 del Código Civil y consiste en la declaración escrita del heredero por ante el Juez de Primera Instancia Civil del lugar donde se abrió la sucesión. Este es un beneficio que concede la ley que no depende del juez a quien se pide, quien no puede negarlo, si en invocado en tiempo y en la forma que corresponde.



En el caso de que existan herederos menores de edad, es requisito sine qua non, aceptar la herencia a beneficio de inventario, en protección del menor de edad, ya que se presume que éste no está en capacidad de responder por deudas contraídas por su causante; es decir, que el pasivo sea superior al activo que va a recibir.-



2.20.- La Partición de la Herencia: Nuestro Código Civil contempla en los Artículos 1126 al 1132, todo lo relacionado con la partición de la herencia, bien sea a los descendientes o a los ascendientes, cónyuge y colaterales del causante y según se trate de una herencia testamentaria o una herencia no testada.- La partición de la herencia puede ser de común acuerdo o a través de un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, cuando exista discrepancia entre los herederos.



2.21.- La Colación e Imputación: Existen diferentes conceptos relacionados con la colación, expresados por varios tratadistas del campo del Derecho Civil, como Francisco Ricci, Ruggiero, Victorio Polacco, José Arias, Julien Bonnecase, Henri Capitant, Planiol y Rippert, etc. Según Planiol y Rippert, “la colación de las liberalidades es la operación mediante la cual un heredero llamado a la sucesión en concurrencia con otros, restituye al caudal partible, los bienes o valor recibidos del difunto a título gratuito.



De las diferentes posiciones doctrinarias se puede extraer que hay dos elementos característicos que se observan en la colación, a saber:



 Que la colación responde a la exigencia de la igualdad de trato entre algunos coherederos.

 Que es una operación previa a la partición, a objeto de reintegrar al patrimonio hereditario las donaciones hechas por el causante a algunos coherederos.



La colación tiene como finalidad, preparar y hacer posible la partición, logrando la igualdad de trato entre los coherederos, hijos o descendientes del de cujus, ya que si el coheredero donatario no estuviera obligado a colacionar las donaciones, tendría un beneficio doble en los bienes que recibe, uno que resulta de la liberalidad y el otro que resultado de la partición.



En cuanto a la imputacion, podemos decir que, en un sentido general, supone la aplicación de bienes o valores a las porciones o cuotas hereditarias correspondientes. Es un instituto con personalidad propia que no debe confundirse con la colación., y así tenemos que las diferencias entre la colación y la imputación son las siguientes:



 Es diversa la finalidad. La colación tiende a establecer la menor desigualdad posible entre coherederos, en cambio la imputación tiende a mantener firmes las disposiciones testamentarias y donaciones.



 Es diverso el círculo de las personas entre las cuales opera. La imputaciòn se debe por cualquier legitimario, por el ascendiente que formulase reclamación afirmando no encontrar su cuota de legítima sobre los bienes dejado a la propia muerte por el descendiente, y se debe respecto de cualquier favorecido, aunque sea extraño. En cambio en la colación opera únicamente entre descendientes del de cujus.



 En cuando a los legados. En la colación están exentos los legados; en cambio en la imputación no lo están, por consiguiente el legitimario debe imputar en su cuota los gastos de manutención los legados de uso y similares.





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